Uno de los aspectos que más me ha llamado la atención tras la lectura del libro de Julio Cerdá “Los archivos municipales en la España contemporánea”, editado por TREA, (recomendable, por otra parte, por lo ameno e interesante de su exposición) es la referencia a una constante lucha durante los siglos XIX y XX entre el localismo y el centralismo en el ámbito de los archivos.
Me explico. Han sido varios, a lo largo de estos dos siglos, los intentos coincidentes de actuación de diversas formaciones políticas en el poder.
Su aportación a la archivística abogaba por la centralización de aquellos fondos municipales que consideraban tan importantes como para dejar que permanecieran "perdidos" en ciudades o pueblos de España. Alegando razones de conservación, concentración o de índole histórica, procuraban privar a los municipios de una documentación que, si bien en un momento de su vida tuvo un valor primario, entonces ya disponía de un claro valor histórico que podría resultar muy útil para los gobernantes de un momento puntual.
Está claro que hubo detractores a estos intentos y que no se llegaron a llevar a cabo. Son épocas, contextos e intenciones muy diferentes, pero , a modo de ejemplo, me quedo con una serie de personajes, sus argumentos y el marco de planteamiento.
1. Prosper de Bofarull, historiador catalán, en 1821 manifiesta su opinión contraria a un proyecto de creación de un Archivo Nacional emitido por la Comisión de Archivos, que Fernando VII acaba declarando sin valor. Ésta queda reflejada en un impreso “Reflexiones sobre los perjuicios que ocasionaría a algunas provincias de España y en particular a la de Cataluña la traslación de sus archivos a Madrid que propuso la Comisión de Cortes en su dictamen y minuta de decreto presentado a las mismas en 19 de marzo de 1814”.
El historiador hace la siguiente reflexión: “La segregación de archivos propuesta por la Comisión de Cortes no puede nunca efectuarse sino con gran perjuicio de las provincias a las que pertenecen, porque el enlace que tienen estos establecimientos con las diferentes y antiguas instituciones y derechos radicados en el mismo país, que de ellas han emanado, hace que no puedan estar separados los archivos de las personas, ni estas y aquellos del reino que dio existencia a los primeros [...] y sería perjudicial a los catalanes, aragoneses, navarros y demás provincias, la necesidad de tener que acudir sus naturales al proyectado archivo general para la investigación de noticias y saca de documentos que diariamente necesitan en justificación de sus pertenencias y derechos".
2. Aunque en este caso no me refiero a nadie en concreto que está en contra de un proyecto, me ha llamado la atención el planteamiento de dicho proyecto.
José de Güemes y Willame, archivero del Palacio Real, idea un plan de centralización a nivel provincial. Todos los ayuntamientos debían entregar al gobernador civil de su provincia aquella documentación generada antes de 1812 (fecha que marcaba el límite entre fondos históricos, carentes de valor administrativo y los fondos administrativos).
La propuesta se queda en eso, en propuesta, ya que no llega a materializarse.
3. Entre los años 1923 y 1929 la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos organiza una serie de campañas anuales consistentes en visitas a archivos de todas las provincias españolas con el fin de recoger una serie de datos. Entre ellos, la información que más interesaba, pese a la poca importancia que parecían concederle en la redacción de la pregunta (planteada como algo casual), era saber si dichos archivos estarían dispuestos a ceder al Estado el depósito y custodia de sus fondos históricos. El análisis tras la recogida de datos dejaba patente que la mayor parte de los archivos no estaban interesados en que sus fondos históricos pasaran a otras manos. Con ello, hubo que dejar las pretensiones de centralización, de nuevo, de lado.
Un claro ejemplo de la poca disposición de los ayuntamientos a ceder sus fondos fue el caso de Teruel, cuyo Ayuntamiento incluso llegó a realizar una declaración oficial en defensa de la integridad de su archivo en la sesión de la Comisión Permanente del 16 de marzo de 1927. En cuanto tuvieron conocimiento del programa de visitas anuales, se dirigieron al Ministerio indicando su total oposición a los proyectos intervencionistas del Estado. No obstante, pese a acatar las órdenes de visita, dejaron claro que intentarían “evitar que los fondos documentales de su archivo salgan del poder y jurisdicción del ayuntamiento al que pertenece como propiedad tradicional inalienable, por constituir el testimonio de sus derechos y la fuente de su historia [...]”
Además, antes de que se comenzaran con estas campañas, Cristóbal Espejo, archivero del Registro de la Propiedad Intelectual, ya intuía esos malos resultados de negativa a la cesión documental. Sus pensamientos los recogió en la comunicación enviada a la Asamblea del Cuerpo de Archiveros prevista para el año 1923, pero que no llegó a celebrarse por el golpe de Primo de Rivera.
Entre otras cosas, en la presentación se hacía referencia e ello. "... a la creación de archivos regionales se opone el localismo y el regionalismo [...] se oponen también [...] la oposición tan frecuente entre el municipio de la capital, y aun algunos de la provincia, con la Diputación [...] Los municipios importantes no toleran que sus fondos se unan a los de la capital de la provincia, sino que querrán ser ellos nervio común, en vez que lo sea otro organismo [...] El pueblo quiere que se respete lo suyo por ser suyo, por el amor que se tiene a todo lo propio, avispado por el chamarilero, por las consejas del lugar y por la creencia que en la capital pueden estar tales tesoros más de paso para Madrid [...]”
Creo entrever que el principal alegato tiene un claro componente archivístico: el principio de procedencia. La documentación es útil para aquel (persona o institución) que la generó. Lo fue en el siglo XIX, lo siguió siendo en el siglo XX y lo continuará siendo en el siglo XXI.
Me explico. Han sido varios, a lo largo de estos dos siglos, los intentos coincidentes de actuación de diversas formaciones políticas en el poder.
Su aportación a la archivística abogaba por la centralización de aquellos fondos municipales que consideraban tan importantes como para dejar que permanecieran "perdidos" en ciudades o pueblos de España. Alegando razones de conservación, concentración o de índole histórica, procuraban privar a los municipios de una documentación que, si bien en un momento de su vida tuvo un valor primario, entonces ya disponía de un claro valor histórico que podría resultar muy útil para los gobernantes de un momento puntual.
Está claro que hubo detractores a estos intentos y que no se llegaron a llevar a cabo. Son épocas, contextos e intenciones muy diferentes, pero , a modo de ejemplo, me quedo con una serie de personajes, sus argumentos y el marco de planteamiento.
1. Prosper de Bofarull, historiador catalán, en 1821 manifiesta su opinión contraria a un proyecto de creación de un Archivo Nacional emitido por la Comisión de Archivos, que Fernando VII acaba declarando sin valor. Ésta queda reflejada en un impreso “Reflexiones sobre los perjuicios que ocasionaría a algunas provincias de España y en particular a la de Cataluña la traslación de sus archivos a Madrid que propuso la Comisión de Cortes en su dictamen y minuta de decreto presentado a las mismas en 19 de marzo de 1814”.
El historiador hace la siguiente reflexión: “La segregación de archivos propuesta por la Comisión de Cortes no puede nunca efectuarse sino con gran perjuicio de las provincias a las que pertenecen, porque el enlace que tienen estos establecimientos con las diferentes y antiguas instituciones y derechos radicados en el mismo país, que de ellas han emanado, hace que no puedan estar separados los archivos de las personas, ni estas y aquellos del reino que dio existencia a los primeros [...] y sería perjudicial a los catalanes, aragoneses, navarros y demás provincias, la necesidad de tener que acudir sus naturales al proyectado archivo general para la investigación de noticias y saca de documentos que diariamente necesitan en justificación de sus pertenencias y derechos".
2. Aunque en este caso no me refiero a nadie en concreto que está en contra de un proyecto, me ha llamado la atención el planteamiento de dicho proyecto.
José de Güemes y Willame, archivero del Palacio Real, idea un plan de centralización a nivel provincial. Todos los ayuntamientos debían entregar al gobernador civil de su provincia aquella documentación generada antes de 1812 (fecha que marcaba el límite entre fondos históricos, carentes de valor administrativo y los fondos administrativos).
La propuesta se queda en eso, en propuesta, ya que no llega a materializarse.
3. Entre los años 1923 y 1929 la Junta Facultativa de Archivos, Bibliotecas y Museos organiza una serie de campañas anuales consistentes en visitas a archivos de todas las provincias españolas con el fin de recoger una serie de datos. Entre ellos, la información que más interesaba, pese a la poca importancia que parecían concederle en la redacción de la pregunta (planteada como algo casual), era saber si dichos archivos estarían dispuestos a ceder al Estado el depósito y custodia de sus fondos históricos. El análisis tras la recogida de datos dejaba patente que la mayor parte de los archivos no estaban interesados en que sus fondos históricos pasaran a otras manos. Con ello, hubo que dejar las pretensiones de centralización, de nuevo, de lado.
Un claro ejemplo de la poca disposición de los ayuntamientos a ceder sus fondos fue el caso de Teruel, cuyo Ayuntamiento incluso llegó a realizar una declaración oficial en defensa de la integridad de su archivo en la sesión de la Comisión Permanente del 16 de marzo de 1927. En cuanto tuvieron conocimiento del programa de visitas anuales, se dirigieron al Ministerio indicando su total oposición a los proyectos intervencionistas del Estado. No obstante, pese a acatar las órdenes de visita, dejaron claro que intentarían “evitar que los fondos documentales de su archivo salgan del poder y jurisdicción del ayuntamiento al que pertenece como propiedad tradicional inalienable, por constituir el testimonio de sus derechos y la fuente de su historia [...]”
Además, antes de que se comenzaran con estas campañas, Cristóbal Espejo, archivero del Registro de la Propiedad Intelectual, ya intuía esos malos resultados de negativa a la cesión documental. Sus pensamientos los recogió en la comunicación enviada a la Asamblea del Cuerpo de Archiveros prevista para el año 1923, pero que no llegó a celebrarse por el golpe de Primo de Rivera.
Entre otras cosas, en la presentación se hacía referencia e ello. "... a la creación de archivos regionales se opone el localismo y el regionalismo [...] se oponen también [...] la oposición tan frecuente entre el municipio de la capital, y aun algunos de la provincia, con la Diputación [...] Los municipios importantes no toleran que sus fondos se unan a los de la capital de la provincia, sino que querrán ser ellos nervio común, en vez que lo sea otro organismo [...] El pueblo quiere que se respete lo suyo por ser suyo, por el amor que se tiene a todo lo propio, avispado por el chamarilero, por las consejas del lugar y por la creencia que en la capital pueden estar tales tesoros más de paso para Madrid [...]”
Creo entrever que el principal alegato tiene un claro componente archivístico: el principio de procedencia. La documentación es útil para aquel (persona o institución) que la generó. Lo fue en el siglo XIX, lo siguió siendo en el siglo XX y lo continuará siendo en el siglo XXI.
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